Propuesta de nueva Ley de Transparencia centraliza control y amplía causales de reserva de información

Ciudad de México.— La nueva Ley de Transparencia propuesta por la titular del Ejecutivo busca modificar el acceso a la información pública mediante la creación del organismo Transparencia para el Pueblo, que sustituirá al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Sin embargo, la iniciativa no contempla sanciones más estrictas para quienes incumplan con las obligaciones de transparencia.

El documento enviado al Senado establece que Transparencia para el Pueblo será la instancia encargada de resolver los recursos de inconformidad en materia de acceso a la información, una tarea que anteriormente realizaba el INAI. Asimismo, se propone la creación de juzgados y tribunales especializados en transparencia, los cuales podrán acceder a información clasificada cuando lo consideren "indispensable". Estos tribunales serán la última instancia en la resolución de estos casos y deberán instalarse en un plazo de 20 días tras la entrada en vigor de la ley.

Mayor control gubernamental sobre la transparencia

La iniciativa también otorga a los órganos internos de control de cada dependencia la responsabilidad de hacer cumplir las obligaciones de transparencia, lo que centraliza aún más el control sobre la información pública en el ámbito gubernamental.

Además, en un plazo de 60 días después de la publicación de la ley, se creará el Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública, encargado de definir la política nacional de transparencia.

Este sistema estará dirigido por un Consejo Nacional conformado por representantes de diversas instituciones, como la Secretaría Anticorrupción, el Archivo General de la Nación y el Instituto Nacional Electoral.

Nuevas causales para reservar información

Uno de los puntos más polémicos de la propuesta es la ampliación de las causales para clasificar información como reservada. Se establece que se podrá restringir el acceso a documentos si se determina que su divulgación generaría un daño mayor al interés público, siempre que estén relacionados con procesos administrativos o judiciales en curso.

Asimismo, se podrán reservar estudios o proyectos cuya difusión represente un riesgo para la ejecución de políticas del Estado o afecte intereses gubernamentales.

Sanciones sin cambios y posible desaparición del INAI

A pesar de los cambios en la estructura de transparencia, la ley mantiene las sanciones actuales, que consisten en amonestaciones públicas y multas de 150 a 1,500 UMAS. También se conserva el período de reserva de información hasta por cinco años, con posibilidad de ampliarlo por otro período igual.

Como parte de la transición, se ordena la creación de un Comité de Transferencia, integrado por funcionarios del INAI, que supervisará la entrega de recursos y la extinción del instituto.

La propuesta deberá ser analizada y discutida en el Senado, en medio de un debate sobre los efectos que tendrá en la rendición de cuentas y el acceso a la información pública en México.