Detectan múltiples irregularidades en programa de Vivienda Social

Ciudad México.- La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), uno de los principales organismos ejecutores de la política habitacional del país, registró presuntas irregularidades durante el ejercicio fiscal 2024, de acuerdo con observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, que advierten un posible daño al erario por más de 10 millones de pesos.

Según la revisión de la Cuenta Pública 2024, la Comisión Nacional de Vivienda erogó alrededor de 4,900 millones de pesos durante ese año. No obstante, la ASF identificó deficiencias en la operación del Programa de Vivienda Social, principalmente en la dispersión de subsidios directos y en la contratación de servicios de asistencia técnica y supervisión de obra.

El informe señala que las irregularidades se concentran en recursos no recuperados, pagos sin comprobar y debilidades en los controles administrativos, lo que evidencia problemas estructurales en la gestión del programa.

En el rubro de apoyos sin recuperar, la ASF detectó un presunto daño por 5 millones 164,961 pesos, derivado de la omisión en el reintegro de recursos correspondientes a 37 intervenciones habitacionales que fueron rescindidas al no concluirse las obras. A pesar de la cancelación de estos proyectos, la Conavi no acreditó la devolución de los montos entregados a beneficiarios, asistentes técnicos, supervisores y organismos ejecutores de obra a la Tesorería de la Federación.

La segunda vertiente de las observaciones corresponde a pagos por servicios no acreditados, por un monto de 5 millones 135,240 pesos. En este apartado, la ASF documentó pagos realizados sin evidencia suficiente de la prestación efectiva de los servicios o de la entrega de bienes contratados.

Entre los principales hallazgos se encuentran pagos por más de 4.1 millones de pesos a 57 personas sin reportes mensuales de actividades durante el primer bimestre de 2024; gastos en tarjetas de combustible no vinculadas a vehículos del inventario institucional; y pagos por suministro de agua purificada sin comprobar que las entregas se realizaron conforme a lo establecido en los contratos.

Actualmente, la Conavi es encabezada por Rodrigo Chávez Contreras, quien asumió el cargo en octubre de 2024, en sustitución de Javier Granados Barrón. La fiscalización corresponde al año en que ocurrió el cambio de titularidad del organismo.

La ASF subrayó que las fallas detectadas obedecen a deficiencias en la administración y supervisión de los contratos, así como a la falta de mecanismos para verificar la entrega de bienes y servicios, y a problemas de coordinación entre las áreas responsables del control físico, documental y financiero.

El informe también documenta la ausencia de pólizas de garantía por la calidad de los servicios, la falta de comprobantes de retención de impuestos y recibos de nómina, además de expedientes incompletos.

Pese a estas observaciones, la Conavi se ha consolidado como un actor central en la política habitacional del país, con la meta de construir 500,000 viviendas durante el sexenio para población no asalariada con ingresos de hasta dos salarios mínimos. Para ello, en 2025 recibió un presupuesto de 32,117 millones de pesos y para 2026 tiene asignados más de 33,000 millones.

Derivado de los hallazgos, la ASF promovió responsabilidades administrativas y emitió recomendaciones y pliegos de observaciones para que el Órgano Interno de Control de la Conavi investigue posibles omisiones de servidores públicos. Del monto observado, el órgano fiscalizador reportó la recuperación de 378,000 pesos durante la auditoría, mientras que 10.3 millones de pesos continúan pendientes de aclaración.