Revelan investigación criminal de EE.UU. contra gobernadores de Sonora y Tamaulipas
- 3 jun
- 2 min de lectura

Ciudad de México.- El gobierno de Estados Unidos mantiene una investigación criminal contra Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora, y Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas, de acuerdo con una investigación publicada por Puente News Collaborative y Los Angeles Times.
Según el trabajo periodístico realizado por Steve Fisher y Kate Linthicum, Durazo, de 71 años, es uno de los funcionarios mexicanos de más alto perfil presuntamente bajo investigación por autoridades estadounidenses debido a supuestos vínculos con el crimen organizado.
La publicación señala que la visa estadounidense del mandatario sonorense habría sido cancelada el año pasado y que actualmente es objeto de una indagatoria federal. No obstante, fuentes consultadas por los periodistas aseguraron que Durazo continúa viajando a territorio estadounidense para recibir atención médica mediante un mecanismo especial conocido como Significant Public Benefit Parole.
De acuerdo con el reporte, este programa permite el ingreso temporal de personas no ciudadanas cuando su presencia representa un beneficio significativo para el interés público de Estados Unidos, incluyendo casos relacionados con investigaciones judiciales o de seguridad pública.
Los autores señalaron además que la oficina del gobernador de Sonora no respondió a las solicitudes de comentarios realizadas sobre el tema.
La investigación también involucra al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya. Según las fuentes citadas por los reporteros, el mandatario tamaulipeco estaría siendo investigado en relación con presuntas actividades vinculadas al tráfico ilegal de combustibles, conocido como “huachicol”.
Asimismo, las fuentes indicaron que Villarreal también contaría con un permiso de ingreso bajo la figura de Significant Public Benefit Parole y que, durante sus visitas a Estados Unidos, es acompañado por autoridades estadounidenses. El gobernador rechazó categóricamente las acusaciones y aseguró a los periodistas que las versiones difundidas son falsas.
El reportaje menciona además el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien presuntamente enfrenta una acusación emitida por un gran jurado en Nueva York, situación que habría derivado en una solicitud de extradición por parte del gobierno estadounidense.
En Estados Unidos, los grandes jurados son órganos ciudadanos que analizan pruebas presentadas por fiscales para determinar si existen elementos suficientes para formular cargos penales formales.
La publicación también señala que la presidenta Claudia Sheinbaum ha cuestionado las investigaciones y acusaciones promovidas desde Estados Unidos contra funcionarios mexicanos, al considerar que podrían tener motivaciones políticas.
De acuerdo con el reportaje, durante una reunión celebrada en mayo entre la mandataria mexicana y el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Markwayne Mullin, se abordó el caso de Rocha Moya. Según las fuentes citadas, Sheinbaum sostuvo que cualquier proceso relacionado con funcionarios electos mexicanos debe resolverse conforme a las instituciones nacionales y advirtió que nuevas acusaciones podrían interpretarse como una intromisión en los asuntos internos del país.
Hasta el momento, ninguna autoridad estadounidense ha informado públicamente sobre la presentación formal de cargos contra Durazo o Villarreal.


















